El 13 de diciembre de 2010, Griñán, como presidente de la Junta, y Rubalcaba, como vicepresidente del Gobierno, cerraban acuerdos sobre Doñana, viviendas y chiringuitos. Siete años devoran todos los espejos y hace añicos las garnachas. Ahora, el ex presidente autonómico, junto a su predecesor en el cargo, Manuel Chaves, y otros 20 ex altos cargos de la Junta se sientan en los bancos de la Audiencia como investigados en la pieza del «procedimiento específico» del «caso ERE», para dilucidar si las ayudas sociolaborales y la partida 31L, el llamado «fondo de reptiles», eran una suerte de «chiringuito» desde el que se hilaba la tela de araña de la red clientelar de la administración. El grueso del juicio queda pospuesto a partir del 9 de enero. El «turrón» del «caso ERE» se dirimirá tras los polvorones de Navidad y la digestión se vislumbra pesada. Tras tres jornadas, queda para la historia la imagen de un Consejo de Gobierno en la bancada de los acusados y la aparición en escena de la principal instructora de la causa, Mercedes Alaya, poniendo en cuestión, con la pálida querencia de Clarise M. Sterling ante el doctor Lecter, lapsus incluido, hasta la propia independencia judicial. «No parece prudente ni sensato que un juez ponga en cuestión de forma corriente la independencia de jueces de otros órganos jurisdiccionales; ni que envíe al público opiniones subjetivas sobre un juicio actual de cuya instrucción ella se ocupó», concluyó el abogado de Griñán, José María Mohedano, quien comparte apellido con la titular original del título de «la más grande» con el que en su día apodaron las partes a la jueza Alaya.
náufrago de arena 